Ha entrado en vigor el Real Decreto que obliga a los médicos del sistema público a no atender a pacientes que carecen de tarjeta sanitaria. La medida adoptada por el gobierno ha tenido respuestas muy variopintas en los colectivos, incluso entre las autoridades de las diferentes autonomías. Puesto que en otra entrada (cuando hablamos de la fractura del Estado del bienestar) ya anunciamos las repercusiones que podía tener, ahora sólo queremos analizar el punto de vista de los médicos y de los pacientes entendida esta relación meramente desde la vertiente profesional y contractual.
En síntesis, la medida legislativa viene a prohibir que los médicos del sistema sanitario público dediquen el tiempo o los recursos del sistema sanitario público a destinatarios sin cobertura asistencial. Y excluye fuera de este ámbito a un colectivo otrora amparado: los inmigrantes en situación irregular, los “simpapeles”. No deja de ser sangrante que una vez más son los más desfavorecidos el blanco de los recortes de la crisis (o estafa) que estamos viviendo.
La situación actual, dicen, no viene a enmendar la Ley General de Sanidad de 1986 aún en vigor, y que establecía asistencia “universal y gratuita”: tan sólo reduce el universo o saca de él a quienes residen en España de manera ilegal. Sin querer ser modificación, resulta tan sutil como el maquillaje de los artículos constitucionales de la granja de George Orwell, «Todos los animales son iguales…, pero unos son más iguales que otros». Se trata de una medida sin duda impopular si tenemos en cuenta el carácter tradicionalmente altruista y generoso de los españoles y que quienes la han promovido la justifican por la necesidad de hacer ajustes y recortes (qué casualidad, siempre sobre los más débiles). Pero si consideramos la medida desde quien tiene la obligación de administrar los recursos limitados sobre necesidades ilimitadas, quizás ya no nos parezca injusto que se establezca una prelación, un orden de preferencia. En este sentido, también parece justo que las autoridades defiendan los bienes comunes preferiblemente para quienes han cotizado por ellos. Y no en vano, algunos usuarios así lo exigen: si han pagado sus impuestos, no les parece justo que se les escatime a ellos y no a los inmigrantes. Si un ciudadano (activo o pasivo) quiere ceder su derecho (o el de su familiar) a consulta médica, intervención quirúrgica u otro servicio asistencial a un “simpapeles” puede bien hacerlo movido de la generosidad, llámese caridad o altruismo. Ejemplos ha habido a lo largo de la historia. Pero puede ceder su turno, no el de otro, pues no se debe tirar con pólvora ajena.
De manera análoga, el médico reaccionario ante esta medida lo hace amparado en el deber ético de no privar de asistencia al menesteroso. Y apela a la objeción de conciencia, cuando no al riesgo de incurrir en el delito de denegación de auxilio. En estos pilares pretenden basar la defensa de los médicos que se vean interpelados por la administración si desobedecen la polémica norma. Pero si se lleva todo al mero escenario contractual creo que la objeción de conciencia tiene poco campo de aplicación pues prevalecerá la inculpación del médico por emplear tiempo de su trabajo o recursos asistenciales a personas fuera de cobertura. Esto se entiende mejor si el médico trabaja para una compañía de seguros: sólo se le permitirá atender a los asegurados y emplear recursos en ellos, entendiéndose como una deslealtad a la empresa y una malversación de recursos aplicarlos a otros destinatarios. Si en el ámbito comercial me paga Ford pero hago promoción de Renault (porque yo honestamente y en conciencia crea que son mejores vehículos) mis jefes, con buena lógica, me despedirán con el deseo de que me contraten aquellos de quienes hago propaganda.
El médico, -¡y todo el mundo!-, debemos actuar siempre con ética. Existe aquí un conflicto de intereses: el deber ético del médico no hace sólo referencia a prestar atención sanitaria pues el deber de socorro obliga a todo el mundo, pero hay que emplear los medios juiciosamente, con sentido de la responsabilidad. A veces la ética exige atender la situación urgente de un “simpapeles” (ya se pedirán papeles después) pero otras veces la actitud ética obliga a asumir que el tiempo que nos pagan para trabajar en una empresa debe ser empleado en los fines de esa empresa. Si queremos –y debemos- ser generosos y altruistas que sea con nuestros medios, con nuestros recursos, con horas extras. Como dijo duramente Jesucristo a aquella mujer (Cfr. Mt 15, 27), no está bien echar a los perros el pan de los hijos. La contestación de la mujer, perseverante, fue aleccionadora: la que Jesús quería oír.
La publicación de este contenido ha sido autorizado expresamente por Dr Luis Benito de Benito.
Fuente: http://elmedicotraslaverdad.blogspot.com/
